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Después del ruido…
Cuando las crisis aprietan
10/03/2017 | Por Mario Abel

La adhesión en Río Negro al paro docente dispuesto por CTERA esta semana alcanzó un acatamiento que rondó entre el 95 y el 98 por ciento, con picos del 100 por ciento en los principales centros urbanos, toda una radiografía del emergente existente de conflictividad sindical y social que comienza a manifestarse producto del impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

La negociación salarial entre el Ministerio de Educación y el gremio UNTER, que proseguirá el lunes en Viedma en la Secretaría de Trabajo, está por el momento al menos, eclipsada por las medidas de fuerzas nacionales. El miércoles, día en que debería comenzar a instrumentarse la “nueva escuela rionegrina”, arranca dos nuevas jornadas de paro de la CTERA a las cuales adhiere UNTER. A la propia complejidad actual que enfrenta el gobierno de Alberto Weretilneck en esta negociación testigo, se suma la cuestión nacional, basada en la decisión del gobierno de Mauricio Macri de desconocer la paritaria federal.

Sí los gobernadores creyeron inicialmente que el vaciamiento de la paritaria docente nacional los beneficiaría, deberán estar reviendo esa posición, ya que ahora enfrentan un escenario en el cual están muy lejos de poder influir y con un techo anual de incrementos de haberes, que las propias estadísticas de la inflación del INDEC correspondientes a los meses de enero y febrero, están desdibujando por completo. Un 3,8 por ciento, sin que hayan entrado en vigencia los tarifazos de gas y luz, es toda una premonición de que por ahora la “desaceleración” de la inflación es parte de un cuadro de situación que no se condice con lo que sucede en los hechos cotidianos del consumo.

El Ministerio de Educación ha trastocado su propuesta inicial de la primera paritaria, al menos respecto a los plazos de implementación, pero la misma se encuentra muy lejos de las pretensiones del gremio docente. UNTER reclama un aumento salarial del 35 por ciento, y el gobierno está un 21 por ciento por debajo de esa pretensión. Todo parece perfilarse, con huelgas nacionales de por medio en el mientras tanto, para una negociación larga. El desgaste afectará seguramente a ambas partes, pero como estamos en un año electoral donde todos ya están dando sus primeros pasos, parece que al oficialismo solo le queda el recurso de los “descuentos” frente a la posible extensión de las huelgas.

El gobierno de AW ha definido, confiaron fuentes oficiales al cronista, no convocar a UPCN a la Mesa de la Función Pública hasta tanto no concluya la paritaria con la UNTER. El sindicato que conduce Juan Carlos Scalesi, al igual que el docente, reclama que se pague el desfasaje entre el 40 por ciento de inflación del año pasado y el incremento menor alcanzado en 2016. Esa, fijó Scalesi, es la pauta para empezar una negociación. El gobierno, ya ni siquiera habla del 17 por ciento anunciado por el gobernador el primero de marzo pasado en la Legislatura, y se aferra al 14 por ciento. El dirigente de UPCN formó parte de la delegación de la CGT rionegrina que participó de la multitudinaria manifestación que se realizó el pasado miércoles en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que terminó con dirigentes sitiados en el palco, después de que se negaran a anunciar la fecha de un paro de 24 horas por presiones de Macri, como reveló en su portada el diario Clarín.

Scalesi, que podrá ser muchas cosas pero no tonto, conoce el paño y sabe medir la sensación térmica de las “bases”. La furia desatada contra la conducción tripartita de la CGT nacional, fue una muestra de lo que podría enfrentar UPCN, que además de reclamar que se cumpla con el acuerdo respecto de la pérdida del poder adquisitivo alcanzado en la Mesa de la Función Pública también salió con los tapones de punta contra los recortes en las horas extras en los hospitales.

El gremio ATE, que lidera Rodolfo Aguiar, realizará un plenario de secretarios generales en General Roca este lunes para definir nuevas medidas de fuerza. Además, presentará un recurso de amparo por los recortes en las horas extras en los hospitales. Luego de los siete piquetes en diferentes puntos de la provincia realizados a comienzos de semana, ATE sabe que para poder enfrentar la negativa del gobierno a otorgar aumentos salariales que se acerquen medianamente a las pretensiones sindicales, deberá empezar a plantearse como confluir con otros gremios. “No es fácil”, reconoció Aguiar al cronista en el espacio radical el lunes, pero tampoco imposible. En diciembre del 2014, cuando el gobierno provincial pretendió pagar la segunda cuota del aguinaldo en enero de 2015, enfrentó en las calles una rebelión de todos los sindicatos. También la Policía terminó revelándose.

En este marzo de 2017, con una movilización en ascenso y una paciencia social en baja, al gobierno de Weretilneck no parece alcanzarle con las históricas divisiones entre los gremios estatales. La presión que produce la pérdida del poder adquisitivo del salario, está muy por encima de enemistades personales cimentadas a lo largo de los años de las cuales siempre se valió el oficialismo, que tiene sobre sus pies un déficit de 3200 millones de pesos, un escándalo político gigante por sostener al legislador/sindicalista, Rubén López, y un año electoral por delante sumamente complicado por el fenómeno de la polarización, como se anticipó la semana pasada en este espacio de reflexión, para la desazón del vicegobernador Pedro Pesatti.

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El caso Rubén López, que con total desfachatez irrumpió en el día Internacional de la Mujer para reivindicarse públicamente frente a la imputación que enfrenta por “abuso sexual agravado”, está carcomiendo a Juntos somos Río Negro frente a la sociedad. En el oficialismo, señalaron que la “interna” entre la jueza y el fiscal traba aún más una causa que “quema”. López se defendió apelando al lugar común de señalar que enfrentaba una “cama”, apuntar contra la veracidad de los dichos de la “víctima”, y recordar hacia el interior del oficialismo que aportó alrededor de tres mil fichas de afiliación para Juntos.

El bloque del Frente para la Victoria pidió el apartamiento de López de la Legislatura, algo que el oficialismo no está dispuesto a conceder, y que llevó a que por lo pronto no haya sesiones en lo que resta del mes de marzo. La medida, además, permite volver a contar votos para la ansiada votación del endeudamiento de 500 millones dólares. En realidad, en el oficialismo of the récord, reconocen que la Nación no avalará mucho más allá de 250 millones de dólares a Río Negro. Con suerte, y sí finalmente se reúnen los dos tercios necesarios, el número podría llegar con viento a favor a 300 millones de dólares.

El tratamiento en el Concejo Deliberante de Viedma este lunes de un proyecto de comunicación en el que se solicitará a la Legislatura la expulsión de López, profundizará el karma oficialista, que podría replicarse en distintos parlamentos municipales, comenzando por el de General Roca. La novedad en el caso de Viedma es que el proyecto no surgió del FpV, primera minoría cómoda, sino de la concejal socialista Mariana Arregui. A la iniciativa se sumaron las mujeres del FpV y del radicalismo. El esquema de pedidos de expulsión podría generalizarse a lo largo y ancho de Río Negro como en el clásico efecto dominó.

López se ha convertido para Juntos en un “jarrón chino”, porque donde lo pongan molesta, y tampoco lo pueden tirar.

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El 27 de marzo se conocerá el fallo contra el ex camarista penal de Viedma, Juan Bernardi, contra quien el fiscal del juicio, Hernán Trejo, solicitó cinco años de prisión. Está acusado por el delito de corrupción de menores y facilitación de la práctica, al igual que el casero de su chacra, Julio Antueque. Contra éste, Trejo solicitó 14 años de prisión, por contar con antecedentes y por prostitución infantil.

Es un secreto a voces desde el dos de marzo, cuando Trejo solicitó las penas, que Bernardi podría ser beneficiado con menos de tres años de prisión. Su absolución aparece como sumamente provocativa aún para una sociedad como la viedmense, acostumbrada a digerir en silencio de misa sapo tras sapo, pero al poder llegar a ser beneficiado con una pena menor a los tres años, Bernardi no enfrentaría la cárcel.









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