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Después del ruido…
Bajo presión
17/11/2017 | Por Mario Abel

La situación financiera de la provincia y el desastre electoral de las PASO de agosto para Juntos somos Río Negro, dejaron al gobierno y al propio gobernador, Alberto Weretilneck, bajo una situación de extrema vulnerabilidad, lo qué traducido en términos políticos, significa pasible de presión.

Río Negro es una provincia, que no supera el millón de habitantes, con un endeudamiento desmesurado, en comparación con otros distritos. Según los últimos datos oficiales supera los siete mil millones de pesos y, dada la imposibilidad año a año de reducir el déficit fiscal y el festival de letras y salvatajes recurrentes del agente financiero del último año, para el primer trimestre del 2018 ya podría ascender a los ocho mil millones de dólares. Córdoba, que solo en su ciudad capital cuenta con más de un millón de habitantes, le debía al Estado nacional hasta abril último (cuando refinanció sus compromisos), 2.209,04 millones de pesos. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Río Negro puso su deuda bajo el paraguas nacional. La diferencia con una de las provincias con mayor actividad económica del país, al igual que su población, es indisimulable.

El endeudamiento de Río Negro, que sumó este año un capítulo aparte cuando la Legislatura avaló el pasado 24 de mayo el proyecto del Poder Ejecutivo para emitir deuda por alrededor de 580 millones de dólares para financiar el plan Castello, mostró límites y los puso el propio gobierno nacional. El Ministerio de Economía de la Nación, sólo avaló a Río Negro, emitir deuda por 300 millones de dólares. La otra casi mitad, quedó supeditada a la marcha fiscal de la provincia, que está atada de pies y manos al firmar el “pacto fiscal” esta semana con la Nación. No podrá incorporar más personal al Estado y deberá reducir el déficit fiscal, cuestiones ambas, en las que nunca el gobierno de Weretilneck se destacó por tomárselas en serio.

A la situación fiscal y al peso de la deuda, se suma el Waterloo que vivió el 13 de agosto en las Primarias Juntos, cuando quedó en tercer lugar, a un abismo del Frente para la Victoria y siendo aventajado por Cambiemos. Desde ahí, todo fue cuesta abajo para el oficialismo, que ya ni se sabe sí seguirá existiendo tal como irrumpió en junio de 2015, cuando la fórmula Alberto Weretilneck-Pedro Pesatti destrozó por completo a la del FpV, Miguel Pichetto-Ana Piccinini.

Como el oficialismo siempre circunscribió su marcha cotidiana a la voluntad del gobernador, y al haberse quebrado la convivencia interna con el giro macrista de Weretilneck, que no arrancó cuando retiró la lista de candidatos a diputados sino cuando a principios de año, fue el único mandatario provincial que llevó el presidente en su viaje a España. Todo se fue profundizando en el periplo a China, desde donde el gobernador anunció el proyecto de construir una central nuclear a partir de enero del 2020, y terminó enterrando cuando envió el proyecto a la Legislatura, que lo aprobó a comienzos de septiembre pasado.

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Esta semana el Concejo Deliberante de Sierra Grande a instancia del intendente, Nelson Iribarren, aprobó -por mayoría y con la oposición del FpV- un proyecto de ordenanza que convoca a una consulta popular para que la población opine sí debe instalarse en el ejido de esa localidad la central nuclear china de alta potencia.

Los argumentos de Iribarren y del senador, Miguel Pichetto, se centran además de lo que representaría la inversión económica, en que los que estaban a favor no pudieron exponer su posicionamiento. Esto es falso, ya que fue desde la cabeza del Estado provincial desde donde se militó por la instalación de la central nuclear, con la misma omnipotencia con la que se marchaba a las PASO sin tener en cuenta qué pasaba en la sociedad. Así como el gobernador y el oficialismo desconocieron por completo que para agosto alrededor del 70 por ciento de la población rionegrina rechazaba las políticas del gobierno nacional, en igual sentido, pensaban que solo lo que veían en las calles de Viedma era la oposición a la iniciativa de la central nuclear. Nunca sumaron, y tampoco se sumaron, quienes estaban a favor. Parafraseando al desaparecido dirigente justicialista y hombre clave del FpV del 2011, Carlos Peralta, “nadie puede argumentar en su defensa, su propia torpeza”.

Al revelar el senador Pichetto, que fue el propio Mauricio Macri el que le pidió que insistiera con la central nuclear, el gobernador que está acorralado económica y financieramente, y con su capital político por el subsuelo, no puede ni defender su propia ley que cerró la puerta al proyecto nuclear chino. Cuando esta semana fue consultado en torno al conflicto que existe entre la convocatoria a una consulta popular, y la ley provincial, el gobernador no supo que argumentar. El antecedente de Allen, revela la debilidad del AW actual.

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En agosto del 2013 el Concejo Deliberante de Allen, aprobó un proyecto de Ordenanza en el cual se prohibió la utilización del fracking o “fractura hidráulica” en la actividad hidrocarburífera dentro del ejido de la ciudad, lo cual fue recurrido por el gobierno provincial ante el Superior Tribunal de Justicia.

Cuatro meses después, en diciembre del 2013, el STJ y con el voto rector de Ricardo Apcarián, falló a favor del gobierno provincial. “Si bien los municipios ejercen en su ámbito territorial las facultades de policía ambiental (arts. 225, 229 inc. 15 y 16 de la Constitución provincial), deben hacerlo sin invadir la esfera de competencias provinciales. De allí que prohibir en forma absoluta una práctica de explotación de hidrocarburos constituye, en mi criterio, una interferencia directa e inmediata con el ejercicio de las atribuciones constitucionales de la provincia”, escribió entonces el actual presidente del STJ.

En ese fallo, el STJ declaró que la provincia “tiene competencia exclusiva para legislar en materia hidrocarburífera”, y sentenció la ““inconstitucionalidad de la Ordenanza municipal Nº 046/2013 de fecha 22 de agosto de 2013, de la municipalidad de Allen, por ausencia de competencia”.

El fallo del STJ de diciembre del 2013 sentó, a cierto modo, jurisprudencia respecto a los conflictos entre la provincia y los municipios. Qué otra cosa puede sostenerse, sí la provincia tenía la potestad para la utilización del fracking en Allen, pero no para hacer valer la vigencia de una ley que prohíbe la instalación de una central nuclear, por la cual se quiere consultar a la ciudadanía de Sierra Grande. La única explicación posible para que el gobierno provincial no haya recurrido la convocatoria a la consulta popular nuclear, es el cuadro de situación descripto anteriormente, y que se basa en la debilidad política/económica/financiera del gobierno de Río Negro frente a Mauricio Macri y sus embajadores vernáculos.






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